Derechos Sexuales: ¿Con la biblia o con la constitución?

Por Marielis Fuentes @marielisfu / Ilustración Justo Blanco

Cuando se mezclan los asuntos públicos con las creencias religiosas todo termina por volverse un pasticho. La verdad se vuelve una quimera en disputa y la cuerda termina rompiéndose siempre por lo más delgado.

El asunto debería ser así de sencillo: una cosa son los derechos sexuales y otra muy diferente las creencias religiosas; pero, lamentablemente, no es así. Veo, con preocupación e indignación, que algunas decisiones vitales de las que depende el bienestar social no se toman porque prevalecen las creencias individuales de algunas personas que ocupan puestos relevantes en los asuntos públicos.

Usted puede creer en lo que quiera, pero no se deben utilizar los pretextos “morales” particulares para condenar a las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgéneras e intersexuales a una vida precaria. El Estado está en la obligación de ejercer un gobierno objetivo, donde la norma civil sea la que prevalezca.

Los derechos sexuales son derechos humanos y Venezuela ha ratificado tratados internacionales que le comprometen con su garantía, como la Conferencia Mundial sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) que se realizó en El Cairo, Egipto (1994); o la Conferencia Mundial sobre la Mujer (CCMM) realizada en Pekín, China (1995).

En el Artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se establece que estos acuerdos internacionales son de carácter constitucional, de aplicación inmediata y directa de los tribunales y del Poder Público. En ellos se establece que toda persona tiene derecho a la libre asociación sexual consensuada entre adultos y al libre ejercicio de su sexualidad.

Ratificar estos acuerdos internacionales establece un compromiso del Estado venezolano frente a la garantía de que todas las personas en nuestro país gocen de una sexualidad sana, libre de coerción, violencia o discriminación.

A pesar de que han pasado 26 años desde que se sentaron las bases normativas por las que se rige el Derecho Internacional de la Salud Sexual y Reproductiva, Venezuela sigue arrastrando deudas históricas en la materia. Ese estancamiento tiene mucho que ver con la perspectiva religiosa con la que se toman o se han dejado de tomar, mejor dicho algunas decisiones.

La norma jurídica debe separarse de la norma moral. Lo moral es subjetivo, depende de la conciencia individual: lo que es moral para mí puede ser amoral para usted. En cambio, la norma jurídica tiene como base fundamental que todas las personas debemos gozar de una vida plena en condiciones de igualdad y justicia.

Porque usted crea que la supuesta “familia original” está compuesta por un hombre y una mujer eso no desaparece la realidad, y ésta es muy distinta a ese supuesto modelo de familia. Existen familias de dos mamás o dos papás; es un hecho, le guste o no le guste. Al menos 5.000 familias en Venezuela, según el último censo del INE (2011), están conformadas de esa manera, y por más que usted no esté de acuerdo el Estado que no es un pastor ni un sacerdote, sino un ente de gobierno civil y político debe legislar para que todas las familias cuenten con la garantía de sus derechos fundamentales.

Las religiones ejercen mecanismos de coerción, están sesgadas por malas interpretaciones, visiones oscurantistas acerca de la sexualidad humana; han sido el instrumento con el cual se ha castigado a las mujeres con una vida de servidumbre; ha sido la guillotina de quienes viven sexualidades diferentes a la heterosexualidad: la gríngola impuesta a la humanidad para infundir temor e ignorancia.

En pocos días se celebrará en Venezuela, por primera vez, el Día del Pastor y la Pastora Evangélica, decretado por el Presidente de la República, Nicolás Maduro, el mismo se conmemorará cada 15 de enero. También se creará una universidad teológica para aumentar el número de feligreses. Me gustaría saber si este próximo 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, se firmará un punto de cuenta para la creación del Instituto Nacional de Protección y Atención Integral para las Personas LGBTI, una propuesta entregada por el movimiento social de la diversidad sexual que yace engavetada desde hace años.

Necesitamos que se tomen las acciones necesarias para que nuestras legislaciones se apeguen al principio de progresividad de derechos y se haga explícito, en el Artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la no discriminación por razones de orientación sexual, identidad y expresión de género.

La Historia nos demanda estar a la altura de las exigencias sociales. Permitir que continúe la violencia policial contra las mujeres transgéneras, que las familias diversas no cuenten con derechos sociales y sean tratadas como ciudadanía de segunda no es un acto revolucionario.

Cuando se tiene la responsabilidad de gobernar para un pueblo, todas las vidas cuentan.

ÉPALE 354

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