POR VÍCTOR FHA / ILUSTRACIÓN L. “RAZOR” BALZA

ÉPALE 240 SOBERANIASMe preguntaban hace poco en una entrevista para un portal argentino sobre las aspiraciones que tiene la comunidad sexo-género diversa en la nueva Carta Magna. Muy sinceramente respondí que, primero, si bien hay varias organizaciones, pero sobre todo individualidades, que luchamos contra la homofobia y el patriarcado en general, dudo que lleguemos a constituir una “comunidad” ni tampoco un “movimiento”. Falta mucho ejercicio de articulación política para eso. Sin embargo, si en algo hay consenso, más por el devenir de las reformas en las sociedades occidentales que por debate interno, es la necesidad de equiparar la situación legal de las parejas homosexuales con las parejas heterosexuales y, por el momento, percibo dos vías para ello: o se aprueba el matrimonio igualitario o se sustituye la figura del matrimonio por otra de mayor espectro.

Entonces voy con el segundo punto de mi respuesta a la entrevista. Este consenso sería escuchado por la Asamblea Nacional Constituyente si en sus sesiones de debate se revisara el artículo 77, que inicia con: “Se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges…”. Esta revisión del 77 tiene pertinencia en tanto los artículos previos (75 y 76) establecen la protección del Estado a las familias, la maternidad y la paternidad; y entonces, considerando que el promedio de matrimonios (heterosexuales, únicos posibles en nuestra legislación) ronda 30% de la población, y omitiendo en esa cifra quienes se divorcian o separan, no hay razones para privilegiar una forma de asociación familiar que, a pesar de su intensa promoción por parte del Estado, en la cotidianidad no tiene mayor trascendencia.

Como bien lo señalan la mayoría de las investigaciones sobre el matrimonio en las sociedades occidentales, entre ellas la de la socióloga norteamericana Stephanie Coontz en Historia del matrimonio, el origen de esta figura es de orden económico pues servía (y sirve) para juntar capitales de dos familias a través de uno de sus miembros. Este hecho tenía gran sentido en la Europa medieval y luego en la Modernidad para las élites burguesas que fundaron los Estados naciones, pero hoy día tiene poca relevancia para el pueblo pobre, mayoría en Nuestra América, que carece de grandes capitales y, sencillamente, se une en pareja por afecto y asume esa convivencia por el tiempo que el amor dure.

Eliminar el artículo 77 de la actual Constitución en nada afectaría la vida tal y como la venimos desarrollando y liberaría al Estado de un compromiso que desconoce la identidad africana e indígena de nuestro pueblo, así como su historia de esclavitud y opresión. Y en esa liberación, en ese reconocimiento se abrirían más puertas para desplegar el poder originario.

 

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