¿Entregaron las armas para recibir más balas?

Por Jessica Dos Santos@jessidossantos13 / Ilustración Erasmo Sánchez

Hace poco más de cuatro años, el Estado colombiano y la FARC-EP suscribieron el acuerdo que puso fin a más de 50 años de conflicto armado. Al menos, en teoría.

Tras este pacto, apoyado por unos y criticado por otros, la FARC entregó sus armas, pero hoy en día las balas siguen matándolos.

Colombia empezó el año 2021 con el asesinato de una excombatiente, Yolanda Zabala, quien estaba haciendo su proceso de reincorporación en un espacio territorial de capacitación y reincorporación (ETCR) de Antioquia.

Zabala, quien fue firmante del proceso de paz, no fue la única. Al día siguiente le tocó a Duvan Arled Galíndez Navi. Es posible que al momento de publicarse esta columna las cifras hayan ascendido.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Colombia cerró el año 2020 con 64 excombatientes asesinados. Desde la firma de la paz, en septiembre de 2016, casi 250 excombatientes han sido asesinados, la mayoría participaba en programas de reinserción, trabajo social o proyectos productivos rurales.

Nadie sabe con certeza quienes son los asesinos que, en la mayoría de los casos, quedan impunes. Pueden ser grupúsculos de extintas guerrillas, sicarios paramilitares vinculados a terratenientes, políticos de la derecha o narcotraficantes. Mientras, el presidente Iván Duque se defiende alegando que estos crímenes “no son nuevos”.

“Los asesinatos de líderes sociales no son algo que hayan empezado a ocurrir en mi gobierno, viene de atrás y más atrás”, dice el mandatario colombiano, quien asegura que tras 78% de estos crímenes se encuentran grupos como Las Caparros, Los Pelusos, el ELN, el Clan del Golfo, la Narcotalia, estructuras que viven del narcotráfico.

No obstante, el gobierno de Duque se niega a implementar la reforma agraria y, específicamente, el programa de sustitución de cultivos alternativos a la coca mediante apoyo económico a los campesinos cocaleros, tal como se pactó en La Habana. “Hay mucha gente —clanes políticos— en el poder que tienen relaciones con el narcotráfico y ha decidido que esas reformas no les interesan,” dice la escritora María Jimena Duzán.

Sea así o no, lo indiscutible es que el Estado colombiano no está protegiendo a los exguerrilleros. Al contrario, permite que se aniquile, una vez más, el desarme y la iniciativa política de la guerrilla colombiana. Lo que ocurre hoy no llega a ser el holocausto de la Unión Patriótica, pero parece ir en la misma dirección. Se prolonga la larga y oscura noche.

ÉPALE 396