La peor apuesta para el deporte

Uno de los problemas que más afecta al deporte aficionado mundial es el escaso respaldo económico que reciben de sus respectivas federaciones internacionales. Estas organizaciones agregan cada año más actividades a su calendario. Inventan las más inverosímiles competencias mundiales en diversas categorías para captar más recursos de los gobiernos, patrocinantes privados y televisión, mientras que los atletas sólo reciben una migaja de esos recursos a través de becas solidarias y pasajes aéreos para asistir a tal o cual competencia en el fin del mundo.
Lo ocurrido con la natación es emblemático. La Federación Internacional de Natación (FINA) recibe cuantiosos recursos por la sola presencia en sus competencias de superestrellas como Katie Ledecky, Katinka Hosszu, Sun Yang o Anton Chupkov, pero reparte una miseria a los nadadores. De los 118 millones de dólares que ingresó a las arcas de esta entidad entre 2016 y 2017, sólo destinó 14 millones para premiar a los atletas en sus competencias.
Para romper con el monopolio mundial de la natación de FINA un grupo de atletas, comandado por la húngara Hosszu y los estadounidenses Thomas Shields y Michael Andrews, demandaron a esta organización en 2018 para que les permitiera participar en la Liga Internacional de Natación, que promete mejores recompensas para los atletas. La explotación económica por parte de las entidades mundiales y sus patrocinantes es un negocio insaciable que se alimenta de jóvenes atletas.
En el caso de Venezuela, el apoyo económico había sido deficiente a lo largo de los años, hasta que el Artículo 111 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en 1999 por la mayoría de los venezolanos, convirtió a la actividad física, la recreación y el deporte en un derecho social, democrático e incluyente, que ha sido progresivamente desarrollado en las políticas y planes del Gobierno nacional.
Cómo sostener el financiamiento en medio del asedio económico que vive Venezuela, con la consecuente merma de los ingresos en divisas a las arcas nacionales, es uno de los dilemas que afronta a diario el Ministerio del Deporte y el IND, báculos en los que se apoyan las entidades deportivas para gestionar recursos. En países como Brasil y Colombia, buena parte de los ingresos para el deporte provienen de los impuestos que obtiene el Estado por el negocio de las apuestas.
Pero ese camino tiene un costo ético y social: se abre la puerta a las empresas de envite y azar en línea, casinos y casas de juego en cada cuadra, que “apoyan” el desarrollo del deporte a costa de los bolsillos de ciudadanos condenados a la ludopatía. Hubo una ocasión que en Venezuela se quiso crear una empresa que tendría el control del hipismo y estaría vinculada al boxeo, cuyos dividendos por conceptos de apuestas servirían para financiar al deporte. La respuesta del presidente Hugo Chávez fue contundente: destituyó al funcionario que se le ocurrió semejante despropósito, porque no quería una generación dorada forjada por un país de apostadores.