EPALE 217 ENTREVISTA ANTILLANO

ANDRÉS ANTILLANO ES INVESTIGADOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS PENALES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA. DURANTE AÑOS, JUNTO A UN EQUIPO DE TRABAJO, SE HA DEDICADO A ESTUDIAR LA VIOLENCIA CRIMINAL

POR ANDER DE TEJADA • /  FOTOGRAFÍAS JESÚS CASTILLO

Andrés Antillano conoció uno de los sucesos más importantes de la historia contemporánea del país desde la cercanía. A veces pareciera que demasiado cerca. Junto a él, en Parque Central, murió Yulimar Reyes, su amiga y la primera víctima de la represión policial del 27 de febrero (27-F). Fue él quien, en una protesta estudiantil frente a las puertas de la Universidad Central de Venezuela, socorrió a María Verónica Tessari, una periodista fallecida por el impacto de una bomba lacrimógena en su cabeza. Es, además, investigador y personaje de la novela Jaurena. Tiempos del Incendio, de José Roberto Duque. Por sus palabras se sabe. El tiempo fue incendiario.

—Yulimar fue el primer cuerpo que llegó. Yo estuve allí, acompañándola toda la noche, y veía llegar cuerpos y cuerpos y cuerpos. Ahí se podía ver que los disturbios, los saqueos, fueron más reacción a la represión policial que la causa de ello. Había protestas en toda la ciudad, pero no saqueos. La jornada había sido, más bien, muy apasible, a pesar de lo que estaba ocurriendo. Mi hipótesis es que los saqueos son una reacción a la violencia policial.

—¿POR QUÉ TERMINARON EN SAQUEOS?

—A mí me parece que ese es el momento en que los homicidios en Venezuela se disparan. Si tú ves las cifras de los homicidios, Venezuela tuvo siempre, en comparación con otros países de la región, una importante tasa de homicidios. Pero es a partir de 1989, y a partir del 27-F, cuando se disparan las tasas de homicidio. Incluso, aún hoy en día, es el incremento más significativo de la tasa en todas estas tres décadas. Eso se debe a muchas cosas, sin duda. Primero, a los efectos sociales del paquete neoliberal: un proceso masivo de exclusión, de empobrecimiento. La violencia criminal suele ser una respuesta injusta a condiciones injustas. Es injusta porque no actúa sobre los responsables de las condiciones de vida injustas, sino sobre otra gente que vive esas mismas condiciones, que son los otros pobres. En su origen, el resorte que la dispara tiene que ver con condiciones de injusticia social. Pero, además, en Venezuela tuvo otro factor que a mí me parece importante y que es la violenta represión del Estado.

Luego de esto, Antillano agrega: “Se estima un número de más de mil víctimas, que eran muchísimas más de las que habían ocurrido en los diez años anteriores. Eso fue solo en Caracas. Se puede hablar de un número incluso muy superior a esto. Mil víctimas es una consideración muy conservadora. Mil víctimas registradas. Hay que sumar las otras que no fueron ingresadas en ningún tipo de registro, que fueron enterradas en fosas comunes, aquellas víctimas a las que no se les levantó siquiera los datos mínimos. Eso habla de cómo el Estado inaugura la violencia mortal como una manera legítima de resolver los problemas sociales. Inaugura un modelo cultural en que la violencia se legitima como medio para resolver los conflictos. El Estado es el primero que lo autoriza. A mí me parece que eso es lo que pasa en las primeras horas del 27-F: la represión policial dispara una violencia, reactiva, en parte de los sectores populares porque la represión se suma a los factores de empobrecimiento, de desabastecimiento, de decepción frente a las promesas incumplidas de redistribución social. Habían votado antes por el retorno de Carlos Andrés Pérez bajo la premisa de acceder nuevamente a un bienestar que, desde el primer momento, se disipó. Eso hace que la violencia popular pueda ser entendida como una respuesta a estos factores, con el agregado de la represión policial. Que, por cierto, venía en crecimiento”.

Más adelante, Andrés hace un pequeño recorrido histórico por la forma de represión del Estado. Primero, en los años 60 recuerda las políticas aplicadas a los movimientos insurgentes de esa década. Entre ellas hubo ilegalización de partidos, guerra sucia, asesinatos y detenciones. Después nombra al francés Pierre Bourdieu para describir el cambio de agenda del Estado en los años 70. Sostiene que, tras la pacificación, se aplica la tesis de enfrentar la desobediencia social, de cómo gobernar a los pobres con una estrategia complementaria que el francés llama “la mano derecha y la mano izquierda del Estado’’: por un lado, el izquierdo, se tiene el ofrecimiento y la aplicación de políticas clientelares, asistencialistas, “para lograr cooptar y absorber el malestar y las demandas populares’’. Junto a esto, continúa Andrés, también está el brazo derecho, que no es más que una creciente represión policial contra las distintas disidencias. De ahí los operativos como el Plan Unión o el Operativo Libertador.

“Estas dos estrategias se complementan pero tienden a equilibrarse. Por los momentos de boom petrolero, por supuesto, se privilegia la política redistributiva; pero en la medida que disminuye la renta petrolera, aumenta la represión: cuando el Estado se queda sin recursos para distribuir y garantizar, al menos, la mitigación, el apaciguamiento de las demandas populares, aumenta la represión policial. De esa manera vemos que durante esos años, luego del ciclo de la Venezuela saudita, que termina a finales de la década de los 70, aumenta la represión policial: los detenidos, los muertos a manos de la policía, la población encarcelada”.

“ES DECIR, ¿QUIÉN MATA? MATA QUIEN NO LE IMPORTA MORIR, Y ESTO TIENE QUE VER CON QUE NO LE IMPORTA LA VIDA, NO TIENE NADA, NINGUNA CONTRAPRESTACIÓN, NO TIENE SENTIDO SU VIDA. Y ESO ES UNA COSA QUE ME HE ENCONTRADO CON ESTOS MUCHACHOS”
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Dado que el Estado ya no tiene la renta —señala Antillano más adelante— y que los reclamos comienzan a consolidarse y a hacerse unísonos y más polítizados, no le queda otra opción que no sea el aumento de la aplicación de la violencia contra el pueblo: “Se trata, incluso, de un equilibrio inestable de fuerzas, donde los dominantes no pueden seguir dominando pero los dominados no tienen la fuerza suficiente para desalojar el proyecto hegemónico. Y los dominantes solo usan la violencia policial indiscriminada como medio de contención y perpetuación en el poder, hasta que aparece la figura de Chávez y la Revolución Bolivariana. Además de ese desenmascaramiento, el 27-F también tiene un significado importante, que es el relevo de las luchas estudiantiles por las luchas populares’’.

A continuación amplía un poco más esta idea: dicho relevo, para él, supone una manifestación de los cambios en el capitalismo. Antes, los obreros, los campesinos y los estudiantes, por la composición de clases y la formación social de entonces, eran los encargados de mostrar la indignación y el hastío ante el sistema capitalista. El 27-F, además de ser la primera demostración en contra del neoliberalismo, fue el traspaso de la potestad de la queja de un grupo a otro. Al final, dadas las nuevas características del capitalismo, eran los pobres más pobres, los excluidos de todo, quienes encaraban al sistema.

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Antillano estudia el fenómeno de la violencia criminal desde la historia de sus protagonistas: el pueblo pobre

“Eso lo condensa muy bien el 27-F, porque no empieza en la fábrica, no empieza en Ciudad Guayana sino en Guarenas, que era, sobre todo, el gran espacio de exclusión urbana, donde vivían los pobres que ni siquiera podían vivir en los barrios de Caracas. Es la pobreza que se reorganiza y se encuentra en el territorio con nuevas formas de protesta, que ya no es la huelga, porque no están en la producción, sino la ocupación del territorio; el cortocircuito del territorio y los saqueos hay que entenderlos en este sentido. Es la apropiación, el ejercicio colectivo del poder, a veces de carácter violento, por parte de los pobres, en el territorio. Es el nuevo rostro de un sujeto preexistente, que es la clase trabajadora en el territorio. Ya no en la fábrica. No es suficiente la fábrica, no es suficiente la tierra, no es suficiente la lucha estudiantil. Son los pobres que genera el neoliberalismo y este ajuste de un capital que ya no es productivo sino cada vez más parasitario. Yo creo que el 27-F es una expresión de ese nuevo sujeto. Y la insurgencia de ese nuevo sujeto y sus nuevas demandas”.

En cierto modo —concluye Antillano— El Caracazo fue la manifestación de la nueva imposibilidad de “pactar la gobernabilidad de Venezuela”. Fue el agotamiento de los mecanismos convencionales de canalización y cooptación del pueblo. Fue, sin duda alguna, un hecho desconcertante para el poder.

—¿CÓMO MANEJÓ CHÁVEZ LA VIOLENCIA CRIMINAL SIENDO LOS POBRES EL SUJETO POLÍTICO PROTAGONISTA?

—Un déficit de la Revolución Bolivariana ha sido el problema de la violencia. No solo porque no la ha sabido manejar, sino porque las causas persistentes que explican la violencia criminal hablan de los límites del proyecto bolivariano. En un primer momento, podríamos trazar una genealogía de cuál ha sido la posición de Chávez y el chavismo frente al tema de la inseguridad y la violencia. Chávez plantea una tesis que yo llamo funcionalismo de izquierda: la inseguridad, la violencia, son provocada por la injusticia social, por los grandes desequilibrios sociales y económicos. No se puede resolver única, centralmente a través de la represión. Esta es una tesis que es cierta pero es insuficiente, y lo demuestra lo que pasa después: durante los años que siguen disminuye la desigualdad, aumenta la cobertura escolar y muchos indicadores sociales, sobre todo hasta el año 2012, 2013. Sin embargo, la inseguridad, y sobre todo el delito violento, aumentan.

Como la relación entre injusticia social y delincuencia no resuelve el problema, Antillano señala un cambio en la retórica por parte del discurso oficial que él califica de preocupante: ya la delincuencia no es un problema estructural, del sistema, sino que pasa a ser un problema moral, de valores, en donde coinciden con sectores muy conservadores: “Son tesis conservadoras que encubren la persistencia de factores estructurales que para mí siguen explicando el delito”. Andrés opina que la expresión más acabada de ese discurso es la retórica en torno al paramilitarismo, en donde él dice, responsablemente, no haber encontrado evidencias de ello (en Caracas, recalca, ya que en la frontera el problema es distinto) en los años que lleva trabajando con algunos involucrados en la violencia criminal.

Lo que sí ha encontrado Antillano es un surgimiento de diferencias entre clases: todavía hay individuos que se encuentran al margen de las políticas de Estado, de la participación, que no son considerados en las políticas sociales. Gente, sobre todo desempleada, que usa la violencia de forma ilegítima para responder a la injusticia, a la exclusión que sienten. Y dicha violencia -dice— ha conocido en los últimos años un proceso de organización, de articulación interna para enfrentar a lo que ahora se les dibuja como enemigo: el Estado, la fuerza institucional.

Por ese lado, señala la importancia de persistir en la inclusión de los que se sienten fuera de los alcances de las políticas integradoras que se destinan, incluso, a los mismos pobres, pero que no han atacado el asunto como un problema estructural: “Es decir, ¿quién mata? Mata quien no le importa morir, y esto tiene que ver con que no le importa la vida, no tiene nada, ninguna contraprestación, no tiene sentido su vida. Y eso es una cosa que me he encontrado con estos muchachos”.

Tras años estudiando estos fenómenos junto a su equipo de trabajo, Antillano afirma haber encontrado datos muy importantes, que difunde, y eso me lo indica claramente, con mucha responsabilidad, sin especulación alguna: para él, el aumento de los índices de violencia criminal va a la par con la dependencia de la renta petrolera. Cuando esta no está adecuadamente distribuida, distintas partes terminan disputando la vida por obtenerla, porque no es algo que provenga del trabajo sino del vientre que suele ser la tierra. Esto sucede desde el momento de su extracción (Andrés dice que las cifras de homicidios son altas en los sitios de extracción minera o petrolífera) hasta el momento de su distribución en la ciudad. Este es el lugar en donde dicha disputa se recrudece: sea con la violencia policial, en enfrentamientos o en el momento en que la utilización de la violencia se convierte en una forma de revalorización de un sujeto.

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