¿Tres “incómodos” debates para la futura Asamblea Nacional?

La nueva Asamblea Nacional (AN) tendrá temas fundamentales por atender, especialmente los vinculados a la vida económica del país. Sin embargo, siempre asomarán sus cabezas tres debates de vieja data: el matrimonio igualitario, el aborto y la legalización de la marihuana en Venezuela: ¿sí o no?

Por Jessica Dos Santos • Fotografías Archivo

La tarea del matrimonio LGBTIQ+

El primero de estos tópicos lo asomó el presidente Nicolás Maduro el pasado 23 de octubre, cuando se apoyó en los comentarios del papa Francisco respecto a la unión entre personas del mismo sexo para anunciar que el tema debería debatirse en el seno del próximo parlamento, organismo que entrará en funciones en enero de 2021.

“Por el derecho de amar libremente”

En esta oportunidad, el mandatario afirmó que tiene “amigos y conocidos que están muy contentos con lo que dijo el papa” y, en lo que a él respecta, prefiere dejarle “esa tarea, la tarea del matrimonio LGBT, a la próxima AN”.

En Venezuela, desde los años 70, existen esfuerzos para consolidar los derechos de la comunidad LGBT y, de una u otra forma, ya hay pequeños logros, como los principios de protección dictaminados por el Viceministerio de Igualdad de Género y de no Discriminación.

No obstante, aristas como el matrimonio igualitario no han logrado entrar en la agenda política, a pesar de los avances en países como Argentina, Colombia o Brasil. La ausencia de esta ley genera, por ejemplo, que las parejas del mismo sexo no puedan heredar bienes comunes.

Los mismos vacíos tocan a las personas transgénero, quienes tampoco pueden cambiarse el nombre en Venezuela. Aunque el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobó en 2017 el cambio de identidad de género a un grupo de trans, quienes formularon la solicitud basándose en “el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad” contemplado en el Artículo 20 de la Constitución.

Desde entonces, el TSJ ha asegurado que la AN es el único órgano que puede emitir una legislación que reconozca y proteja los derechos de las parejas homosexuales. Pero hasta ahora, ni con mayoría chavista ni con mayoría opositora, el tema ha prosperado, ni siquiera en 2015, cuando el parlamento contó dentro de sus filas con la abogada y activista LGTBI Tamara Adrián, quien de la mano de Primero Justicia se convirtió en la primera diputada transexual de Venezuela.

Pero hasta ahora, ni con mayoría chavista ni con mayoría opositora, el tema ha prosperado. Ni con Tamara Adrián

Son las mismas que están sembrando un conuco

Abortos en silencio

 

Según el Código Penal, en Venezuela el aborto es ilegal. De hecho, es tipificado como delito y penaliza a la mujer con seis meses a dos años de prisión.

La norma jurídica nacional contempla cuatro figuras delictivas del aborto: el aborto procurado por la misma mujer embarazada (voluntario), el provocado por una tercera persona, el sufrido (que se realiza en contra de la voluntad o sin consentimiento de la embarazada) y el “honoris causa” (que se practica “para salvaguardar el honor del esposo”).

Este código fue reformado en 2005, pero lo referente al aborto se mantiene igual desde 1897, es decir, 123 años por detrás de los actuales estándares internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos.

Por su parte, la Constitución abre la posibilidad de la despenalización del aborto al no prohibirlo explícitamente y, por el contrario, establecer el derecho a decidir cuántos hijos tener y el intervalo entre ellos.

Ante esto, el único organismo que puede develar el dilema es, nuevamente, la AN. Mientras tanto, el informe Mujeres al Límite, realizado y presentado en 2019 por varias organizaciones femeninas, asegura que de cada cuatro partos en Venezuela hubo un aborto en la segunda mitad de ese año, lo que supuso una media de 15 abortos diarios.

Asimismo, el más reciente informe de la organización Faldas-R afirma que durante el último año han recibido un total de 1.142 llamadas de mujeres pidiendo información para abortar. De ellas, 60 % intentó hacerlo comprando pastillas en el mercado negro, donde fueron víctimas de estafas.

“El acceso al medicamento, sobre todo en los estados fuera de Caracas, es complicado, tiene costos superaltos. Además, trasladarse hasta el punto de encuentro, donde pueden retirarlo, es muy difícil”, cuenta Yesenia, integrante del colectivo Faldas-R, que prefiere resguardar su integridad a través del uso de un pseudónimo.

Faldas-R aclara que su organización no otorga los medicamentos. “Si nos llama una mujer que ya tiene el medicamento y va a realizar el procedimiento, lo que usualmente hacemos es un seguimiento a los síntomas que se van presentando; y esto nos permite que, si se presenta alguna complicación, ya con el aborto en marcha, podamos remitirla a algún hospital público”, agrega Yesenia.

Suzany González | Foto Jesús Castillo

Precisamente por esto, la presidenta del Centro de Estudios y Derechos Sexuales y Reproductivos (Cedesex), Suzany González, afirma que “la penalización del aborto no impide que las mujeres aborten. Impide que las mujeres pobres lo hagan de manera segura, mientras que las que tienen recursos económicos pueden hacerlo sin riesgo para su vida”.

De acuerdo con este centro, los abortos inseguros se encuentran entre la tercera y la quinta causa de mortalidad materna en Venezuela, situándose como la segunda más alta del continente latinoamericano. El tema tampoco ha sido debatido en ningún período parlamentario.

Se puede hacer papel. Y tela. Pero, primero, debería ser el papel.

Verde ilegal

En Venezuela, el consumo y posesión de marihuana es ilegal. Al respecto, el Artículo 75 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas establece que la posesión de más de 20 gramos de marihuana (o de 5 gramos de la droga modificada genéticamente) se castiga con penas de entre uno y cinco años de prisión. Además, el consumidor puede ser sometido a rehabilitación o desintoxicación.

Sin embargo, más de una persona con menos de 20 gramos —ya sea un pequeño “porro”, “cacho”; o algún residuo en el carro, bolsillo o cartera— ha caído en las garras extorsionadoras de algún funcionario policial.

Uso medicinal antes que recreativo.

Abraham Sosa, integrante del movimiento Pensando la Marihuana, cree que se debe generar un debate para despenalizar el uso del cannabis en Venezuela, considerando que la planta ya sido legalizada en otros países de la región, ya sea por recreación o por razones de salud vinculadas al cáncer, demencia senil o enfermedad de Parkinson.

Según este activista, la planta en su estado puro es inocua para la salud, por lo que no debe ser objeto de fiscalización. Además, cree que su legalización permitirá eliminar el tráfico ilegal. De acuerdo con el fiscal general, Tarek William Saab, durante 2019 fueron incautadas aproximadamente 76 toneladas de droga en todo el país, de las cuales 24,9 eran de marihuana.

Tarek Willian Saab, FGR

Por eso, en abril de 2018, su organización presentó ante la Asamblea Nacional Constituyente, la Alcaldía de Caracas y otro par de instituciones públicas una propuesta para discutir la despenalización, legalización, consumo y autocultivo de la planta, pero el tema no prosperó.

La planta en su estado puro es inocua para la salud, por lo que no debe ser objeto de fiscalización.

El documento, firmado por Abraham Sosa, Esluve Sosa, Emily da Silva y Vladimir Alvarado, también planteaba la fabricación de productos alternativos hechos a base de cáñamo como fibras textiles (estopas, cuerdas), materiales de bioconstrucción, combustibles ecológicos, aceites, champú, cremas, entre otros.

El hecho de que algunos políticos sean tan reacios a debatir se basa en el poco interés público sobre el tema, sobre todo en un país donde la agenda económica marca todo el acontecer diario. No obstante, en algún momento, quizás en 2021, Venezuela también deba entrarle a los debates mundiales con la altura que éstos requieren.

ÉPALE 392