La Ruta Verde es de todes

La gran marcha por la despenalización del aborto concentró todas las tendencias de la diversidad feminista, sumadas a una causa postergada eternamente pero siempre urgente

                                      Por Marlon Zambrano@marlonzambrano                                        Fotografía Mairelys González@mairelyscg27 / Michael Mata@realmonto

El 28 de septiembre fue un día especial. Sentada en un banquito de la plaza Morelos junto a un piquete de compañeras, Gioconda Espina, cofundadora del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela (UCV), recordó que hace cuarenta años la lucha por los derechos de la mujer era igual de postergada e invisibilizada que hoy, lo que le ha impuesto al país una deuda histórica en materia de derechos humanos desde los días en que la Federación Médica Venezolana aprobó en asamblea recomendar al Congreso de 1981 despenalizar el aborto por cuatro causales: malformación congénita del feto, peligro de vida de la madre, violación e incesto.

“El año pasado, en plena pandemia, en Argentina se aprobó una ley por la libre interrupción voluntaria del embarazo. Mira el atraso que tenemos en relación con ese país donde ya ni se habla de causales. En Ecuador acaban de aprobar el aborto por causales. En Uruguay lo habían logrado antes, en México el Tribunal Supremo de Justicia acaba de aprobar que lo único inconstitucional es penalizar el aborto pues se trata de un derecho de las mujeres sobre su cuerpo y su decisión sobre cuándo, con quién y a qué hora ser madre” dice Espina.

El 28 fue la gran marcha por el Día de la Despenalización y Legalización del Aborto que se celebra a nivel planetario

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Se cree que la criminalización del aborto es un problema de salud pública que ocasiona la muerte evitable de mujeres, niñas y adolescentes. El aborto inseguro es reconocido como la tercera causa de la alta mortalidad materna en el país. Una estadística señala que las interrupciones voluntarias del embarazo son la tercera causa de mortalidad materna, según informes no oficiales que  indican que en 2019 por cada cuatro partos se produjo un aborto, y que entre agosto y diciembre de ese año hubo quince abortos diarios, un tercio de los cuales fueron de niñas menores de doce años.

El 28 durante la gran marcha por el Día de la Despenalización y Legalización del Aborto que se celebra a nivel planetario, participaron todas las corrientes. En Caracas las miradas contrapuestas se anexaron sin rubor.

La dura realidad se hizo patente en las pancartas

Gioconda, abiertamente opositora, observó con admiración la presencia de jóvenes en una actividad que antiguamente protagonizaban mujeres ya casadas y con hijos, lo que constituye un sino de los tiempos en materia de movilización y sensibilidad. Además, la izquierda y la derecha, las chavistas y las contrarias,
todas marcharon juntas alzando
consignas al aire.

El aborto inseguro es reconocido como la tercera causa de la alta mortalidad materna en el país

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“Esto es nuevo, nunca antes habíamos salido a la calle tantas: esta es la primera vez que está la oposición aquí” según Gioconda Espina. “Creo que no habíamos logrado sumar muchas voluntades de mujeres jóvenes. Aquí están estas jóvenes que a lo mejor ninguna se ha embarazado siquiera, pero saben que es un derecho el que tienen a tener hijos o no”.

Todas participan de la Ruta Verde, una plataforma que se mantiene en campaña desde hace meses por la despenalización del aborto en Venezuela y suma a todas las posiciones políticas.

Asociación Civil Tinta Violeta, Faldas-R, La Quinta Ola, Colectivo Feminista Mujer Género Rebelde (MUGER), ONG hombres por la equidad e igualdad, Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA), Centro de Estudios de la Mujer (UCV), Movimiento Mujeres Por La Vida, Muderes (Mujeres por los derechos), Movimiento Ecofeminista Hermanas Naturales, Colectiva Tejiéndonos Mujeres, Mesa de Mujeres, etcétera, además de un sinfín de individualidades, sumaron voluntades en favor de la causa por el #AbortoLegalYaVzla.

Gioconda Espina y compañía, testigas de una deuda histórica de hace más de 30 años

Cuatro artículos malditos

Artículo 430° del Código Penal Venezolano (CPV): “La mujer que intencionalmente abortare, valiéndose para ello de medios empleados por ella misma, o por un tercero, con su consentimiento, será castigada con prisión de seis meses a dos años”.

Yulizay Rada, de la Brigada Feminista Latinoamericana, explica que se “juntaron varias organizaciones colectivas e individuales a nivel nacional por la despenalización y legalización del aborto seguro, gratuito y acompañado, hasta entregar un comunicado con varias exigencias como derogar los delitos sobre el aborto previsto en los artículos 430, 431, 433 y 434 del Código Penal; redactar con la participación de las organizaciones defensoras de los derechos de mujeres, niñas y adolescentes, la legislación para garantizar el derecho de las mujeres al aborto seguro de modo que sea discutida en la agenda legislativa 2021-2022; promover el debate en torno al aborto basado en los derechos humanos, en la ética y evidencia científica, libre de consideraciones morales y religiosas”.

Se trata de procurar el aborto seguro y acompañado

Artículo 431° del CPV: “El que hubiere provocado el aborto de una mujer, con el consentimiento de ésta, será castigado con prisión de doce a treinta meses”.

María Laura Cano, del colectivo Tinta Violeta, explica que la criminalización y penalización del aborto es una violación de los derechos humanos de las niñas y adolescentes, que no solo compromete el derecho a la salud sexual y reproductiva, sino también el derecho humano a la integridad, a no recibir tratos crueles, inhumanos y degradantes, el derecho a la libre expresión de la personalidad, “que afecta principalmente a las mujeres jóvenes en situación de pobreza, quienes se someten a prácticas abortivas inseguras, lo que además promueve todo un mercado clandestino, una mafia y una situación totalmente insegura que afecta nuestras vidas y nuestra salud”.

Desde la plaza Morelos de Bellas Artes hasta la Asamblea Nacional marcharon luciendo sus consignas representantes de más de sesenta organizaciones feministas, movimientos sociales y particulares, firmantes del documento Criminalización del aborto, problema de salud pública y derechos humanos, que exige la derogación de los cuatro artículos del Código Penal que criminalizan y penalizan las prácticas abortivas en Venezuela, a las mujeres que se hayan practicado un aborto y a terceros que hayan provocado un aborto, cuyas penas rondan desde los seis meses hasta los diez años de cárcel por interrumpir un embarazo.

Cano insiste en que el documento también demanda al Estado venezolano la participación de los movimientos sociales, organizaciones feministas, defensoras de los derechos humanos, durante la legislación en materia de salud sexual y reproductiva y en materia de interrupción voluntaria del embarazo como un derecho humano fundamental que está contemplado en los diferentes tratados y convenciones internacionales que suscribe nuestro país.

Artículo 433° del CPV: “Cuando el culpable de alguno de los delitos previstos en los artículos precedentes sea una persona que ejerza el arte de curar o cualquiera otra profesión o artes reglamentados en interés de la salud pública, si dicha persona ha indicado, facilitado o empleado medios con los cuales se ha procurado el aborto en que ha sobrevenido la muerte, las penas de ley se aplicarán con el aumento de una sexta parte…”

Las consignas de la marcha dieron luces de la irracionalidad de penalizar el aborto

La condena social

No solo es la despenalización legal sino también social, manifiesta Cano, a fin de romper los estigmas que se tejen en torno al aborto y se agudizan con un entorno clandestino y penalizado como ocurre en Venezuela. “Esto quiere decir que es necesario tomar las calles, seguir haciendo trabajo comunitario, de sensibilización, con una educación sexual responsable, placentera, que reivindique los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, niñas y adolescentes”.

Artículo 434° del CPV: “El que haya procurado el aborto de una mujer, empleando sin su consentimiento o contra la voluntad de ella, medios dirigidos a producirlo, será castigado con prisión de quince meses a tres años. Y si el aborto se efectuare, la prisión será de tres a cinco años”.

El documento fue recibido en la Asamblea Nacional por Pedro Infante, presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral, y Asia Villegas, presidenta de la Comisión de Familias a la par que se acordó hacer una agenda de ruta que incluye una reunión el 13 de octubre con ocho voceras de los movimientos que intervienen en la plataforma.

Según Cano: “El llamado es a debatir el tema del aborto en todos los espacios, comunitarios, institucionales, en las instituciones donde se toman las decisiones del país como lo es la Asamblea Nacional”.

La Ruta Verde fue un encuentro histórico que reunió a la diversidad feminista

ÉPALE 432