Sexualidades LGBTI+ confinadas

Por Marielis Fuentes • @marielisfu / Ilustración Justo Blanco

Los efectos de esta crisis civilizatoria no recaen sobre todas las cuerpas por igual, para lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgéneras e intersex, los estragos del COVID-19 aumentan la vulnerabilidad histórica.

Una frase repetida por estos días ha sido aquella de: “Estamos en el mismo mar, pero no en el mismo barco”. Hay quienes van en lujosos yates mientras otres vamos nadando en un mar picado y plagado de aguamalas, sin salvavidas y con una maleta de estigmas sociales a cuestas.

La gestión de la pandemia en Venezuela hasta los momentos muestra resultados alentadores en cuanto a contención de la propagación exponencial del virus. La medida de aislamiento voluntario decretada desde el 13 de marzo pasado y la atención casa a casa por medio del sistema de salud pública “Barrio Adentro” garantizan el seguimiento minucioso de posibles casos o focos de infección; sin embargo, hasta ahora las acciones estatales son miopes frente a la atención de poblaciones vulnerables por discriminación cruzada basada en la orientación sexual, identidad o expresión de género.

En nuestro país, el pueblo sexo-género diverso organizado ha entregado en reiteradas ocasiones, durante los últimos 20 años, propuestas jurídico-legislativas en busca de avances institucionales en cuanto a la atención, protección y defensa de la comunidad LGBTI+, lamentablemente la mayoría de esas solicitudes siguen en mora por parte de las instituciones competentes.

La carencia de políticas públicas especiales que funcionen en favor de erradicar la exclusión y discriminación contra las personas sexo-género diversas aumenta en grado significativo los riesgos fatales que puedan correr sus vidas en medio del confinamiento social.

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Para gran número de jóvenes LGBTI+, que no cuentan con núcleos familiares respetuosos, el “Quédate en casa” significa la sobreexposición a situaciones de hostilidad, violencia e invasión de la privacidad.

En general, nos vemos obligades a abandonar el recinto familiar tempranamente, huyendo de la discriminación. En medio de la pandemia muches tendrán que reprimir el ejercicio de su personalidad diversa para evitar castigos o maltratos severos.

Cuando nuestras orientaciones o identidades se ponen de manifiesto, la exacerbación de actitudes machistas o religiosas en ocasiones pone en práctica mecanismos coercitivos de represión de la sexualidad; en el caso de las lesbianas, por ejemplo, muchas veces somos forzadas por varones de nuestro propio espacio doméstico a sostener relaciones sexuales no consentidas; esto se conoce como “violaciones correctivas”, método de supuesta “curación”, que además de ser inútil, pues el lesbianismo no es una enfermedad, por tanto no se cura, ocasiona daños psicológicos, emocionales y físicos en las víctimas a largo plazo.

En cuanto a los varones homosexuales, no están exentos de sufrir violencia sexual intrafamiliar o ser agredidos físicamente. Tales situaciones que viven las personas LGBTI+ son una olla de presión que deriva en ataques de ansiedad, depresión o ideación suicida.

Una de las poblaciones más vulnerables frente al virus COVID-19 es la de la tercera edad. En el caso de los adultos y adultas mayores sexo-género diversos, la gran mayoría llegan a la edad avanzada en condiciones de abandono, soledad y extrema pobreza, como consecuencia de la exclusión familiar no cuentan con un círculo de contención y cuidado.

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La pandemia repercute en el acceso a las medicinas, que en Venezuela producto del bloqueo ejercido por Estados Unidos contra el país es un complejo panorama. Para la población VIH mantener el tratamiento antirretroviral es imperativo. De igual manera para las personas trans que han iniciado un proceso de terapia hormonal, están expuestas a la carencia de los fármacos y con la interrupción del procedimiento se pueden producir desequilibrios hormonales además del retroceso en el proceso de transición de género, afectando en muchos casos su desenvolvimiento personal y autoestima.

Para las personas LGBTI+ el uso del espacio público muchas veces es un lugar de vulneración de sus derechos por parte de las fuerzas policiales, que valiéndose de su autoridad abusan del ejercicio de poder. En medio del estado de excepción estas vulneraciones de derechos son latentes, sobre todo contra la población trans que debe recurrir al trabajo sexual como única medida económica ante la carencia de oportunidades de empleo y educación para ellas.

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Frente a estas afectaciones que vivimos las personas sexo-género diversas de manera diferenciada con respecto a la población heterosexual, tanto por el principio de la progresividad de derechos contemplado en la Carta Magna en los artículos 19 y 20, como por los “Principios de Yogyakarta sobre la aplicación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género”, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), principios que fueron ratificados por Venezuela en 2007, el Estado venezolano está obligado a generar políticas públicas que permitan que las voces LGBTI+ sean escuchadas y así resolver las situaciones de vulnerabilidad diferenciada que contra éstas se ejecute.

Es urgente contar a nivel nacional con refugios o casas de acogida para resguardar la vida de las personas LGBTI+ en condición de calle o víctimas de violencia intrafamiliar en medio de la pandemia.

En cuanto al impacto económico del COVID-19, es primordial garantizar medidas que mitiguen las consecuencias que ésta supondrá en las poblaciones marginalizadas socialmente, esto a través de planes de inserción laboral o ayudas especiales para personas LGBTI+ efectuadas por medio del carnet de la Patria, cuya data fácilmente puede ser facilitada por los movimientos sociales.

Se debe asegurar el acceso a la salud por medio de un sistema sanitario que reconozca a los cuerpos LGBTI+ y atienda sus necesidades específicas.

El Estado debe velar porque ninguna persona sea excluida de las políticas públicas en ejecución como la entrega de comida por medio del CLAP, ya que en casos precisos donde integrantes de la estructura comunitaria son conservadores o religiosos se excluye a las familias homo o lesbo parentales de su entrega.

Es importante vigilar el accionar de los órganos policiales y judiciales a fin de castigar y sancionar abusos de poder o discriminación contra personas LGBTI+, así como generar una campaña comunicacional que promueva la erradicación de ese tipo de agresiones.

Sobre todo, contar con un equipo especializado en la atención, protección y defensa de las personas LGBTI+ a nivel nacional, ya sea articulado con los movimientos sociales y las instituciones públicas como la Defensoría del Pueblo o Fiscalía, o a través de la sensibilización y formación de funcionaries que se encarguen de recibir y procesar las denuncias.

Son acciones afirmativas que en gran parte dependen de la voluntad política y del compromiso humanista por encima de las subjetividades, medidas con perspectiva de género e inclusión de la diversidad que de no tomarse pronto seguirán cobrando vidas.

ÉPALE 369