17/07/24. El 24 de junio de 2026, dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron la costa central de Venezuela. Aunque las cifras oficiales se actualizan constantemente, un dato en particular enciende las alarmas: según la ONU, unos 680.000 niños y niñas necesitan asistencia humanitaria urgente, mientras que 3,9 millones viven en las zonas afectadas.

Mientras la tierra sigue temblando con réplicas, hay quienes aprovechan el polvo para ocultar sus crímenes... El sistema de protección debe actuar y prevenir este flagelo.

Mientras los reflectores apuntan a los escombros, otra tragedia se desarrolla en la penumbra de los campamentos. Más de veinte mil personas están alojadas en 107 refugios temporales.

Hacinamiento, falta de privacidad, servicios sanitarios insuficientes. Allí, donde conviven familias enteras con desconocidos, los depredadores encuentran el caldo de cultivo perfecto.

‎Los factores de riesgo se multiplican:

Separación familiar. Cuando los cuidadores han muerto, están hospitalizados o se pierde el contacto durante la evacuación, los niños quedan sin protección. Hay reportes de niños rescatados que posteriormente han desaparecido de los refugios. Sin registros, sin rastreo.

Condiciones en los albergues. Hombres, mujeres y niños comparten espacios sin divisiones. Jennibel María, madre de Sofía de quince años, quienes se encuentran en un centro de acogida en La Guaira, confesó que tiene miedo de quedarse dormida porque teme que se lleven a su hija; ni siquiera puede dejar que la niña vaya sola al baño.

Debilitamiento de la vigilancia parental. Los cuidadores, bajo estrés inmenso, pierden nivel de alerta. Es en esos descuidos que las redes de trata y otros perpetradores de abuso aprovechan.

Protocolos oficiales. El Estado venezolano debe publicar un protocolo de prevención frente a latrata, sustracción o violencia sexual contra niños. Es necesario un registro unificado de niños desaparecidos y de la población en los campamentos temporales.

‎Plan International lo ha advertido: la separación familiar, la interrupción educativa y la pérdida de espacios protectores como la escuela han dejado a niñas y niños cada vez más expuestos a la trata y la explotación. ONU Mujeres ha alertado que las condiciones precarias en los refugios han incrementado exponencialmente los riesgos de violencia de género, abuso sexual y trata. UNICEF insiste en que la protección de la infancia debe estar en el centro de la respuesta.

Urgen medidas concretas:

‎· Registro biométrico obligatorio (huellas, fotografía) de todos los niños alojados en refugios, vinculado a un sistema de identificación que permita su rastreo y reunificación familiar.

‎· Pulseras de identificación con código QR para cada niño ingresado en un albergue.

‎· Controles de acceso a los campamentos, registrando a todo visitante.

· Un registro nacional unificado de niños desaparecidos, con actualización en tiempo real.

‎· Espacios seguros y diferenciados para niños, niñas y adolescentes, con personal especializado en protección infantil.

· Capacitación al personal de los refugios en identificación de señales de abuso.

‎El SAIME ya cuenta con la plataforma tecnológica y la experiencia en identificación ciudadana para implementar el registro biométrico y el sistema de rastreo. No se trata de inventar algo nuevo, sino de desplegar, con urgencia, los recursos que ya existen. 

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Esto no es un llamado a la solidaridad; es una advertencia. Mientras la tierra sigue temblando con réplicas, hay quienes aprovechan el polvo para ocultar sus crímenes. Otra potencial víctima podría estar en el campamento de al lado. El sistema de protección debe actuar y prevenir este flagelo.

POR JOSÉ MANUEL PÉREZ • @manudanph

ILUSTRACIÓN ASTRID ARNAUDE • @loloentinta