15/08/24. El pasado 29 de julio, un grupo de líderes de oposición llamó a no reconocer los resultados de las elecciones presidenciales del día anterior, donde fue reelecto el presidente Nicolás Maduro. Luego de este desconocimiento, la derecha extremista aupó actos violentos en varias ciudades de Venezuela. Según la multiplataforma TeleSUR, este es el saldo de dichas acciones:
Se ensañaron contra estructuras y edificaciones que usan diariamente los ciudadanos y ciudadanas de a pie.
- Doce universidades dañadas, entre esas la Universidad Central de Venezuela (UCV),
- 62 instituciones educativas,
- 250 módulos policiales,
- Una radio comunitaria,
- Tres hospitales,
- Una farmacia,
- Treinta ambulatorios,
- Seis almacenes de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap),
- 11 estaciones del Metro de Caracas,
- 38 buses y varias paradas de transporte público,
- Destrucción de la plaza pública de El Valle,
- Ataque al zoológico de Maracay.
Se ensañaron contra estructuras y edificaciones que usan diariamente los ciudadanos y ciudadanas de a pie.
¿Qué les hicieron las universidades y escuelas a los extremistas como para atentar contra ellas? Mejor dicho, ¿qué les hicieron quienes se benefician de dichas instituciones? ¿Por qué vandalizar las estaciones del Metro, las paradas, o las plazas? La protesta es un derecho, siempre y cuando no pisotee el de los demás.
En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 61, expone: “Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y a manifestarla, salvo que su práctica afecte su personalidad o constituya delito”.
Contra el alma de la ciudad
En varias regiones del país, sus residentes fueron testigos de un acto que dejó cicatrices visibles, incluso, en las plazas donde la población, en general, va a pasar el rato, a echar cuentos, a observar cómo les pasa la tarde por delante, a leerse un libro, a revisar las redes sociales. Estos espacios físicos son como el alma de la ciudad. En ellas se entrelazan historias, culturas y generaciones, son lugares por donde han transitado momentos significativos de la vida comunitaria.
La calle y sus aceras también forman parte de estos espacios por donde camina la cotidianidad, la charla, la camaradería entre vecinos, el saludo, el encuentro fortuito. Sin embargo, la reciente cadena de acontecimientos encendió un debate crucial sobre el significado y la función de las áreas de uso público
La avenida Urdaneta de Caracas, por ejemplo, es una de las más transitadas del municipio Libertador. Allí confluyen comerciantes, trabajadores y trabajadoras del sector público y privado, niños y niñas. En esa vía que dibuja una línea paralela al Waraira Repano, algunos extremistas de la oposición, tumbaron las jardineras que le daban el toque verde a la ciudad, a la premura de quienes peregrinan por sus aceras.
Otro evento similar ensombreció a las comunidades del estado Barinas, quienes en un abrir y cerrar de ojos, vieron cómo algunos miembros de los denominados "comanditos", se ensañaron contra la reinaugurada redoma Ezequiel Zamora. "Las plantas apenas estaban pegando", relató un testigo del acto. Los habitantes de la zona tenían tiempo esperando la rehabilitación de la mencionada plaza. El 8 de junio se la entregaron como nueva y el 29 de julio, otros se la arrebataron.
Cuando estos grupos intentan apropiarse de las plazas y de la calle mediante la violencia, no sólo destruyen estructuras físicas. Sus acciones arremeten contra la convivencia pacífica que construyen los residentes de una ciudad con esfuerzo. Destruyen recuerdos, destruyen la charla, el encuentro, el motivo para estar en ese lugar.
Duele ver las aceras ennegrecidas por el hollín que dejan los cauchos quemados; asimismo, duele ver una maceta caída, partida en pedazos, con sus plantas regadas en el suelo. ¿Cuánto habrá dolido a quien la cuidó durante tanto tiempo? ¿Cuánto le cuesta al pueblo ver esas cicatrices?
Fuentes locales informaron que, en cuestión de horas, fueron derribados veintisiete monumentos y estatuas, entre esas del Libertador Simón Bolívar, de Hugo Chávez, del Gran Cacique Coromoto en Guanare y los habitantes de El Tigre, estado Anzoátegui, impidieron que tumbaran la estatua de José Gregorio Hernández. La actitud de estos individuos se convirtió en un triste recordatorio del odio y la intolerancia hacia la cultura, religiones y tradiciones de los venezolanos y venezolanas, así como la carencia de sentido de pertenencia.
¿Cuál debe ser el uso de los espacios públicos?
Los entornos en los que convergen los ciudadanos y ciudadanas deben utilizarse basándose, principalmente, en el respeto a un derecho fundamental. El derecho a una ciudad con espacios públicos es una de las prioridades de las autoridades nacionales y municipales, pero, también desde las comunidades, se debe asumir esa prioridad.
Son los y las que hacen uso de estos sitios quienes deben velar por su cuidado: echarle agüita a las matas, organizarse para limpiar la plaza o la calle juntos y juntas, concientizar a los transeúntes acerca del bote de basura. Preservar los lugares en los que se produce el encuentro.
No existe nada que les prohíba a ningún grupo, cualquiera que sea su inclinación política, religión, cultura o credo, expresarse, hacer un reclamo, quejarse contra el gobierno. Aunque, por nada del mundo, se debe atentar contra aquello que disfrutan, incluso, ellos mismos.
Es necesario recordar que los espacios públicos son un patrimonio compartido. En ellos se celebra la diversidad y se fomenta el diálogo. El desafío ahora es doble: reconstruir lo que ha sido destruido y proteger lo que queda.
La historia nos deja un mensaje de reflexión: si algunos usan las plazas y las calles como escenarios para actos violentos, hagámoslos nosotros y nosotras escenarios para la paz y la reconciliación.
