…Es indispensable que la administración de los refugios y la distribución de suministros estén bajo veeduría civil independiente y cuenten con la presencia activa de equipos de protección especializados en derechos de las mujeres…

…Las afectadas o testigos también pueden activar los mecanismos de protección oficiales llamando a los servicios de emergencia nacionales o al contacto especializado de Inamujer a través del 0800-MUJERES (0800-685-3737)…

 Cuando la tierra tiembla, un río se desborda o un huracán arrasa con comunidades enteras, la arquitectura social colapsa en cuestión de segundos. El lodo, los escombros y el sonido de las sirenas ceden el paso a un silencio denso en el que la supervivencia inmediata se vuelve la única brújula. En este escenario de desolación, los centros de acopio y los albergues temporales emergen como los únicos faros de esperanza. Sin embargo, detrás de las carpas de distribución de alimentos, los colchones apostados en polideportivos y las planillas de registro humanitario, suele gestarse una tragedia silenciosa y normalizada: el uso del hambre, el abrigo y la asistencia como instrumentos de dominación y extorsión.

Las estadísticas y los informes de organismos internacionales como el Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA y ONU Mujeres coinciden en que las crisis humanitarias no afectan a todos por igual. Las mujeres, las adolescentes, las madres solteras y las personas con menores recursos económicos cargan con una desproporcionada cuota de vulnerabilidad.

En el epicentro del desorden logístico post catástrofe, los puestos de mando, el manejo de donaciones y la custodia de los accesos a la ayuda quedan frecuentemente en manos de autoridades locales, líderes improvisados o encargados de turno que detentan un poder absoluto y discrecional sobre los insumos. Esta asimetría extrema es el caldo de cultivo ideal para el abuso de poder.

Favores que asfixian la dignidad

La extorsión sexual en situaciones de emergencia rara vez adopta la forma de una agresión violenta e imprevista en un rincón oscuro; por el contrario, se infiltra de manera insidiosa en la burocracia precaria del refugio. El ciclo del abuso comienza con la necesidad básica: una madre que no ha podido alimentar a sus hijos durante cuarenta y ocho horas, o una mujer que requiere pañales, toallas sanitarias, medicinas o una ración de agua potable que se anuncia como "escasas" o "reservadas”.

En algunos casos cuando esta mujer se acerca al encargado del centro de acopio para gestionar su asignación, el gestor de la ayuda transforma un derecho humanitario fundamental en un favor personal. Las frases se repiten con variaciones siniestras en distintas geografías mundiales del desastre: "A ti te puedo dar una caja doble, pero anótame tu número y nos vemos más tarde en la bodega", o "Ya no quedan cupones, preciosa, pero si me acompañas atrás un momento, resolvemos lo tuyo".

Este intercambio forzado conocido técnicamente como explotación y abuso sexual transaccional  opera bajo una coerción psicológica demoledora. La víctima sabe que si denuncia o rechaza la insinuación, sus hijos pasarán hambre, su familia será marginada de los listados de reubicación o perderá el acceso al catre donde descansa. La catástrofe natural ha despojado a la mujer de su hogar, de su empleo y de su red de seguridad comunitaria; el abusador, aprovechándose de esa intemperie absoluta, le arrebata lo único que le va quedando intacto: la soberanía sobre su propio cuerpo.

La complicidad del silencio

Uno de los factores que perpetúa esta modalidad de violencia de género en los albergues es la virtual ausencia de mecanismos de control y denuncia expeditos. Durante las primeras semanas de una emergencia nacional, los canales formales de justicia, fiscalías, comisarías de la mujer o defensorías suelen estar inoperativos, colapsados por la emergencia o distantes geográficamente debido a la destrucción vial.

Los centros de acopio operan como pequeñas jurisdicciones de excepción. En ellos, las jerarquías informales mandan. Si el líder comunitario o el operador logístico que controla la entrada de víveres es denunciado por una víctima, el engranaje del refugio suele cerrar filas para proteger la reputación del centro o minimizar el escándalo en pro de "mantener la paz social" y evitar conflictos internos. A menudo, es la propia mujer la estigmatizada, señalada por la comunidad o amenazada con ser expulsada del albergue bajo el argumento de que "crea problemas" o "difama a quienes ayudan".

Hacia una respuesta con perspectiva de género

El riesgo de abusos en los centros de acopio no es un daño colateral e inevitable de los desastres naturales; es la consecuencia directa de ignorar las desigualdades estructurales previas al diseñar la ayuda humanitaria. Para erradicar el cobro de favores y el abuso de poder, los protocolos de gestión de crisis deben cambiar radicalmente de enfoque.

Es indispensable que la administración de los refugios y la distribución de suministros estén bajo veeduría civil independiente y cuenten con la presencia activa de equipos de protección especializados en derechos de las mujeres desde el primer día.

Organizaciones como ONU Mujeres proponen implementar líneas de denuncias anónimas, seguras y accesibles dentro de los mismos centros de acopio, separando el manejo de la asistencia alimentaria de cualquier autoridad discrecional individual. La dignidad humana no puede estar sujeta a contraprestaciones ni el rescate físico debe pagarse con el cuerpo. Proteger a las mujeres en la emergencia es parte vital de salvarles la vida.

Asimismo, es vital habilitar apoyo psicológico y legal en el mismo lugar de los hechos. La presencia activa de defensoras de derechos humanos y fiscalías móviles en los campamentos permite registrar cualquier intento de extorsión sexual, garantizando que la asistencia humanitaria llegue de forma gratuita, digna y sin condicionamientos para las sobrevivientes y familias afectadas por la emergencia.

No estás sola

Para enfrentar este panorama, en Venezuela se han establecido comités de veeduría humanitaria integrados por personal mixto y organizaciones sociales que monitorean la distribución justa de la ayuda.

UNICEF habilitó un espacio de lactancia en Playa Grande y refuerza la protección infantil.

ONU Mujeres ha atendido 64 casos mediante un servicio remoto de apoyo psicosocial.  

Más allá de los escombros se han habilitado comités de vigilancia mixtos al igual que los "puntos morados" físicos para la  atención psicológica y legal para reportar chantajes sin perder la asistencia humanitaria.

Organizaciones como Avesa (Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa) ofrecen orientación y primeros auxilios confidenciales. Puedes escribirles vía texto o WhatsApp al 0424-1659742 de lunes a viernes de 8:00 de la mañana  a 8:00 de la noche.

Las afectadas o testigos también pueden activar los mecanismos de protección oficiales llamando a los servicios de emergencia nacionales o al contacto especializado de Inamujer a través del 0800-MUJERES (0800-685-3737), operativos para recibir orientación confidencial y gestionar el traslado de las víctimas a instancias de resguardo seguro.