30/09/26. La realidad de las mujeres venezolanas se impone sobre la ley. Cientos de personas gestantes mueren cada año por procedimientos clandestinos. Además, la precariedad en la vida de niños y niñas se agudiza cuando los padres abandonan a las familias y sus responsabilidades.

Se trata de reconocer que la salud sexual y reproductiva es un derecho humano, no un privilegio. Se trata de entender que la dignidad no se negocia con prejuicios.

Frente a situaciones como los abusos sexuales, enfermedades crónicas, abandono del padre, pobreza y otras causas, mujeres, niñas y adolescentes, buscan someterse a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Sin embargo, debido a la inexistencia de derechos reproductivos en el país y a la penalización de esta práctica, muchas se someten a intervenciones domésticas de gran riesgo para sus vidas.

IVE clínica: un procedimiento médico desde la solidaridad

Hay métodos que pueden ser la salida a la problemática que, aunque ilegales, son ejecutados por mujeres en la clandestinidad. Una de ellas es la IVE clínica o médica, legalizada en muchas partes del mundo. En Venezuela, sólo se permite cuando corre peligro la vida de la gestante.

Desde el punto de vista clínico, explica una fuente consultada, “es un procedimiento que tiene indicaciones clínicas dadas por el compromiso de la vida intrauterina, como el compromiso de vida de la madre”. Se practica desde la solidaridad con la mujer que recurre a la interrupción del embarazo.

Para que sea seguro, debe cumplir condiciones estrictas, dice: “Debe regirse por normas de bioseguridad, tanto asepsia y antisepsia, para garantizar que sea lo menos riesgoso desde el punto de vista infeccioso”. La seguridad, insiste, no depende del azar. Depende del instrumental adecuado, de espacios estériles, de personal capacitado y de tiempo.

“Tiene que ser un ambiente estéril, realizado por personal médico capacitado o personal de salud sensibilizado y capacitado, con los implementos necesarios, estériles o descontaminados”, explica.

La evidencia científica: un procedimiento seguro cuando se hace bien

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el aborto seguro —cuando se realiza con métodos recomendados y por personal capacitado— tiene una tasa de mortalidad de menos de uno por cada cien mil procedimientos. En comparación, el riesgo de morir por un embarazo a término es significativamente mayor.

Sin embargo, cuando se realiza en condiciones inadecuadas, es decir, en la clandestinidad como sucede en nuestro país, el panorama cambia. “Por ser un procedimiento invasivo en un útero gestante, pueden haber complicaciones que son propias al procedimiento”, advierte la fuente. Esas complicaciones —hemorragias, infecciones, perforaciones— son manejables en un entorno clínico, pero letales en la clandestinidad.

Los cuidados posteriores son clave para la salud de la mujer. Se realiza un seguimiento médico, control de signos de infección, anticoncepción si lo desea, y acompañamiento psicológico. Porque, como señala “es una decisión bastante difícil para cualquier persona, y el simple hecho de tener que tomarla la pone en un estado mayor de vulnerabilidad”.

La clandestinidad: donde la vida se pone en juego

En Venezuela, el aborto está tipificado en el Código Penal desde 1917. Sólo se permite cuando corre peligro la vida de la gestante. No existen protocolos claros para el aborto terapéutico, y en la práctica, acceder a uno es casi imposible.

“El principal riesgo es la pérdida de la vida, la muerte de la mujer por un efecto adverso, por ruptura uterina, por perforación uterina, por infecciones o por sepsis generalizada”,  enumera.

Además, puede generar secuelas como esterilidad a futuro, sin mencionar el impacto psicológico: el miedo, la angustia, el estigma, la soledad de enfrentar un procedimiento clandestino sin apoyo.

Según un informe del movimiento Justa Libertad, difundido por UNCuyo en marzo de 2026, más de 300 mujeres mueren al año en Venezuela por abortos inseguros. En comunidades rurales e indígenas, el aborto inseguro podría representar hasta el 60% de las muertes maternas. Y las sobrevivientes enfrentan consecuencias que marcan sus vidas para siempre.

Entretanto, el informe señala que mujeres con privilegios pueden llegar a pagar entre 300 y 1000 dólares por una IVE clínica en la clandestinidad.

Según un informe del movimiento Justa Libertad, difundido por UNCuyo en marzo de 2026, más de 300 mujeres mueren al año en Venezuela por abortos inseguros

El contexto que empuja: violencia, pobreza y falta de opciones

La decisión de interrumpir un embarazo no ocurre en el vacío hay que “entender el contexto que las está llevando o empujando a hacer una interrupción voluntaria del embarazo”.

Ese contexto incluye violencia sexual, factores socioeconómicos, falta de acceso a anticonceptivos, ausencia de educación sexual integral. En un país donde las mujeres no tienen garantizado el derecho a decidir sobre sus cuerpos, la IVE se convierte en la única salida para muchas.

La dignidad: una decisión propia

El acceso a una IVE legal, segura y acompañada es, para la fuente consultada, una forma de dignificar a las mujeres. “Le permite la posibilidad de hacer un procedimiento que en muchos países es legal, pero que además está enmarcado en una decisión propia y legítima, por el propio derecho que tenemos a decidir sobre nuestros cuerpos”.

Porque no se trata de fomentar el aborto. Se trata de garantizar que las mujeres que deciden interrumpir un embarazo no mueran en el intento. Se trata de reconocer que la salud sexual y reproductiva es un derecho humano, no un privilegio. Se trata de entender que la dignidad no se negocia con prejuicios.

POR SARAH ESPINOZA MÁRQUEZ • @sarah.spnz

ILUSTRACIÓN ASTRID ARNAUDE • @loloentinta